EL INVIERNO ENFRENTA AL ALCALDE CON EL GOBERNADOR

Octavio Hernández Jiménez

La imagen más desoladora que provocó el invierno del primer semestre de 2017, en Caldas, fue la arremetida que el alcalde de Manizales, Octavio Cardona León, emprendió contra el gobernador encargado de Caldas, Ricardo Gómez Giraldo, por una cuestión que se podría catalogar como de justicia distributiva de los dineros públicos. El Departamento Nacional de Planeación (DNP), por ley de la república, hace entrega anualmente a cada departamento de un porcentaje de las regalías que deja la venta de los hidrocarburos para obras que solucionen sus problemas en un país en donde sus habitantes si tapan los pies destapan la cabeza y si  tapan la cabeza destapan los pies. Cada departamento, encabezado por el gobernador respectivo, recibe las peticiones sentidas de los municipios y, en junta, distribuye las regalías consignadas en las cuentas oficiales. Sin embargo, a 3 de junio de 2017, mes y medio después de la catástrofe del cerro San-Cancio, Aranjuez y otros barrios populares, la administración de Manizales no había recibido ni cinco centavos de lo que prometió el presidente y su gobierno cuando visitaron a las volandas la capital de Caldas.

En ese mes y medio, el que era ministro de Transporte, en esa época, exalcalde de Manizales Jorge Eduardo Rojas,  acompañado del alcalde Octavio Cardona, visitaron en varias ocasiones las oficinas del Departamento Nacional de Planeación, en Bogotá,  buscando soluciones a esa catástrofe con  el dinero que le correspondía como regalías al departamento de Caldas. Estafa, dijeron unos; peculado dijeron otros. Deberían haber contado con el dinero de la Unidad de Gestión del Riesgo de Desastres y de otras entidades. Todo un ministro caldense haciéndole conejo a su departamento. “Caldas tiene asignados 55.000 millones de pesos (un dólar costaba 2.900 pesos), de los 600.000 millones de las regalías que el presidente Juan Manuel Santos anunció… De esa cifra, los proyectos de la capital departamental aspiran a lograr 52.000 millones.  El gobernador encargado de Caldas, Ricardo Gómez, manifestó su preocupación  por la forma en que el Departamento Nacional de Planeación (DNP) y la Alcaldía de Manizales estaban estructurando proyectos para recuperar la ciudad tras la tragedia que dejó 17 muertos y afectó 37 barrios, con regalías del departamento sin siquiera preguntarle a nadie de la gobernación” (El Tiempo, 3 de junio de 2017, p.16). En cristiano, querría decir que, de los 55.000 millones de regalías que le corresponderían a Caldas, en los presupuestos del alcalde y el exalcalde de Manizales se invertirían 52.000 millones o sea que a los 26 municipios restantes del departamento les tocarían 3.000 millones de pesejos. El pez grande se traga al chico. Nuestra dirigencia olvida la historia y no escarmienta con los ejemplos padecidos.

El presidente del Concejo de Manizales y el presidente de la Asamblea de Caldas se unieron a la inquietud del gobernador encargado exigiéndoles al presidente de la república y su corte ministerial que respetaran a Caldas y, como en otros sitios en donde padecieron desastres, que solucionaran los problemas con dineros de las entidades creadas, anteriormente, con dicho fin. Y ante esas intervenciones públicas, el alcalde Octavio Cardona, en un ataque de histeria, se salió de la ropa. Increíble que no conociera el funcionamiento del Estado. Por ejemplo, saber que en un caso de calamidad regional, un alcalde o entidades como la Corporación Cívica de Caldas cuya voz no se ha dejado oir en esta calamidad o  una comunidad puede y debe recurrir a  la Unidad de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), al Fondo de Adaptación, a las corporaciones autónomas que funcionan en 30 departamentos, con enormes presupuestos fuera de los ingresos de las regalías, además de decenas de entidades que pertenecen al Sistema Nacional de Gestión del Riesgos. “La UNGRD, desde el punto de vista presupuestal, ha tenido 1,5 billones de pesos en los últimos seis años. El Fondo de Adaptación, que inicialmente fue creado para la reconstrucción de las zonas averiadas por el invierno del 2010, en el 2015 asumió la tarea de ‘ejecutar proyectos integrales de gestión del riesgo y adaptación al cambio climático’; sin embargo, pese a los 9,3 billones de pesos de inversión que tiene en sus registros, las catástrofes siguen golpeando a los colombianos” (El Tiempo, 5 de junio de 2017, p.1).

Octavio Cardona insultó al gobernador de Caldas tratándolo de irrespetuoso y vanidoso y de que no quería que Manizales solucionara sus problemas, aspecto que jamás mencionó ni insinuó el doctor Ricardo Gómez. ¿Por qué el alcalde y el concejo no empezaron, desde el año 2016 en que asumieron funciones, a actualizar el Plan de Ordenamiento territorial (POT) de la ciudad encomendada a sus cuidados? Mes y medio después de haber padecido el tremendo invierno, se encuentra el Concejo revisando el POT. Además, deberían saber que, en los últimos seis años, los organismos citados con anterioridad, llevaban, en el país, “14.000 viviendas construidas para afectados por desastres de origen natural, 107 puentes vehiculares reconstruidos, 278 acueductos y alcantarillados intervenidos y 2.860 puntos viales intervenidos, reveló la UNGRD” (Ibid.).

En tono mesurado, el gobernador encargado, Ricardo Gómez Giraldo, trató de hacerle ver al alcalde de marras que, en La Dorada Caldas,  las crecientes del río Magdalena, en los meses de abril y mayo, anegaron la mayor parte de esa ciudad y tuvieron a los doradenses con el agua al cuello y lo que fueron sus viviendas cubiertas de lodo y, como en Manizales, las víctimas clamaban por efectivas soluciones como la construcción de potentes jarillones; mostró la destrucción del puente colgante de El Pintado, con más de 130 años de historia construido sobre el río Cauca, más abajo de Irra y, como si fuera poco, recordó que quedaron 300 puntos de la malla vial del departamento sin paso seguro debido a gigantescos derrumbes, destrucción de más de 20 puentes que requerían soluciones contratadas con el dinero de las regalías que llegarían, por ley, directamente al departamento.

Como hay que respetar el orden establecido, el alcalde debió dialogar, primero, con el gobernador y los dos, que eran manizaleños y tenían las oficinas a cuatro cuadras de distancia una de otra, debieron acordar los viajes a Bogotá en donde, con el ministro del Transporte y el gerente de la Findeter que también eran manizaleños, y los congresistas que  representaban en el legislativo al departamento pero que se quedaron más callados que una ostra, con todos ellos debieron visitar los despachos del alto gobierno establecidos para tales circunstancias. Como que les diera pereza, pena o miedo o vergüenza ir a tocar esas pesadas puertas que si no se tocan con insistencia no se abren. Por esta y otras situaciones parecidas se podía exclamar: No hay con quién.

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